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La herencia envenenada del PSOE en la Junta: 5.000 millones de euros en ayudas bajo sospecha
La cifra investigada por los juzgados equivale a la mitad del presupuesto de la sanidad andaluza Los tribunales investigan 5.000 millones de euros de subvenciones entregadas por la Junta
Miércoles 6 de febrero de 2019, por CGT DELPHI
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Tras 36 años de hegemonía institucional en Andalucía, el PSOE deja al nuevo gobierno del PP y Ciudadanos una herencia «envenenada» valorada en casi 5.000 millones de euros. Es el dinero público que se habría escapado por el sumidero de los presuntos casos de corrupción que están bajo la lupa de los juzgados. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), puso números este martes al volumen de fondos públicos que «está siendo investigado» en diferentes causas que llevan años instruyendo los jueces.

Se trata de los casos ERE, Invercaria, Avales de la agencia IDEA a empresas, Transferencias de financiación a la agencia IDEA, Facturas falsas de UGT y los casos Marismas, Delphi, Bahía Competitiva o el uso irregular de tarjetas oficiales por parte del director de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para realizar pagos en cinco prostíbulos durante seis años. Cinco mil millones es la mitad del presupuesto anual que maneja la sanidad andaluza, que se eleva a 9.809 millones.

Precisamente, sobre este mismo asunto el Gobierno andaluz acordó solicitar al Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre los pagos irregulares de la Faffe. Con una tarjeta para gastos de representación, el exdirector del ente autonómico, Fernando Villén, abonó 31.969 euros en «doce juergas» en clubes de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Otros 306 euros se pagaron en efectivo en otro prostíbulo.

El Consejo de Gobierno también activa la creación de la comisión de investigación de la Faffe El titular de la cartera de Regeneración confía en que la comisión esté en funcionamiento «a la mayor brevedad posible» y «esperamos obtener el consenso de todos los grupos parlamentarios», según anunció en una rueda de prensa en el Palacio de San Telmo al término del primer Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno en Sevilla.

Estas pesquisas parlamentarias aparecían entre los noventa compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno suscrito por el PP y Cs. En la anterior legislatura se creó una comisión de investigación para exigir explicaciones y depurar responsabilidades políticas por el desvío de fondos de la Faffe. Pero la convocatoria anticipada de las elecciones celebradas el 2 de diciembre dejó en suspenso estos trabajos antes siquiera de iniciar la ronda de declaraciones.

De todas las causas abiertas en los tribunales, la única que ha llegado a juzgarse es la denominada pieza política del macrosumario de los ERE que ha reunido en el banquillo de los acusados a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes que han gobernado la Autonomía durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Según el relato de los hechos probados para la Fiscalía Anticorrupción en el juicio, que está pendiente de sentencia, el sistema específico de ayudas del caso ERE fue «un ejercicio arbitrario del poder» que la cúpula del Gobierno andaluz mantuvo «de forma deliberada» durante diez años (2000-2009) y que consumió más de 680 millones de euros que «nunca debieron salir de las arcas públicas». El procedimiento de ayudas era «totalmente opaco al común conocimiento de los ciudadanos y al conocimiento y debido control de la Intervención de la Junta», explicó. Hasta julio de 2018, en su último balance de los reintegros realizados, la Administración sólo había recuperado 6,7 millones del «botín» de los ERE.

Oficina contra el Fraude El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía también instó al consejero Juan Marín a iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de una ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. El Gobierno anterior ya elaboró un decreto que servirá «de base», en el que el Consejo Consultivo detectó «determinadas incompetencias» entre lo que se planteaba y el trabajo de los funcionarios, según explicó. La ley establecerá la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la norma sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones. Marín criticó que Susana Díaz había perdido «cualquier voluntad» de ponerlo en marcha.

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