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Otro palo para los ex Delphi
El TSJA abre de nuevo la puerta a que el Estado reclame a la plantilla la devolución del dinero cobrado en los cursos de formación Anula una sentencia de un Juzgado de lo Social de Cádiz que dio la razón a la plantilla
Martes 17 de septiembre de 2019, por CGT DELPHI
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La plantilla de la antigua Delphi no gana para sustos. Después de una lucha que supera ya los 12 años, desde que la multinacional cerró en 2007 su fábrica de Puerto Real, ahora este amplio colectivo de trabajadores ha recibido un nuevo palo asestado en esta ocasión por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en una sentencia abre de nuevo la puerta a que el Estado pueda reclamar a la plantilla la devolución del dinero percibido durante los cursos de formación impulsados desde la Junta de Andalucía y las posteriores prestaciones por desempleo. Es más, el Tribunal andaluz anima incluso al Estado a que reclame igualmente ese dinero a las empresas que supuestamente contrataron a estos trabajadores, ya que el Estado defiende que esa relación laboral jamás existió.

Este fallo judicial fue dictado el pasado 12 de septiembre por la sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla, y el mismo anula la sentencia emitida el 17 de octubre de 2017 por el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz. Ese tribunal gaditano decidió desestimar la demanda presentada por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) contra los extrabajadores de Delphi, a quienes reclamaba la devolución del dinero recibido en los cursos de formación y las prestaciones por desempleo que percibieron. En esa demanda, que ahora tiene el camino expedito para que pueda ser reactivada, el servicio estatal argumentaba que no existió esa relación laboral, que se produjo un fraude y que no debió existir esas prestaciones.Este procedimiento judicial se inició después de que años atrás SEPE enviara una montaña de requerimientos ordenando la devolución de este dinero a más de 470 ex trabajadores de Delphi que cobraron por estos cursos de formación y por las posteriores prestaciones. El dinero a devolver estaba establecido en unos 2.000 euros de media.

Los afectados decidieron entonces recurrir a la Justicia, que terminó repartiendo estas demandas entre los tres juzgados de lo Social que hay en Cádiz. Los números 1 y 3 le dieron la razón al SEPE pero no el número 2, que se alineó al lado de los trabajadores. Es precisamente esta útima resolución judicial, que daba oxígeno a 167 ex operarios de Delphi, la que ahora ha quedado anulada.

La sentencia del TSJA, que no es firme porque contra ella se puede presentar un recurso de casación ante el Supremo, no sólo ordena al Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz iniciar de nuevo este procedimiento contra este grupo extenso de trabajadores sino que además conmina al SEPE a que, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Reguladora de la Jurisdiscción Social, amplíe las demandas contra las empresas que supuestamente contrataron a la plantilla ahora demandada en lo que el servicio estatal sigue defendiendo que fue un fraude.

En concreto, el Tribunal andaluz recuerda en su sentencia que la Junta de Andalucía libró una partida de 70 millones de euros en materia de subvenciones para la "adquisición y actualización de competencias profesionales para ex trabajadores de Delphi". Ese dinero tuvo como destinatarios a Gadir Solar, SK 10, SLU, Fundación FAFFE, Escuelas SAFA, las asociaciones AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura además de la Fundación Forja XXI y la Fueca.

En la sentencia el TSJA anula la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz por apreciar “la falta de litisconsorcio pasivo necesario”, es decir, por entender que se produjo un defecto al no llamar en este proceso judicial a todos los que deben intervenir.

Si este procedimiento judicial terminara siendo muy leviso contra los ex trabajadore de Delphi éstos no solamente tendrían que devolver el dinero cobrado sino que además perderían años de cotización, lo que repercutiría negativamente en prestaciones como el desempleo, la ayuda familiar o cualquietr tipo de prestación.

Estos trabajadores siempre han defendido que, en el caso que la Justicia dictaminara que se había producido un fraude, el dinero lo tendría que devolver las empresas que les formalizaron esos contratos, pero nunca ellos mismos. FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMBRANO DIARIO DE CÁDIZ

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